Según el Dictamen del Comité, órgano auxiliar de la UE, la "intromisión en la libertad de la práctica profesional" que supone la colegiación obligatoria como requisito funcional en ciertos países "se justifica por un interés público superior". Eso sí, "las normas sobre colegiación obligatoria deben estar diseñadas de manera que la libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento no se vean afectadas. Los instrumentos adecuados son el reconocimiento de los registros de otro Estado miembro o las inscripciones gratuitas, si existe una organización en otro Estado miembro de la Unión Europea".
Además, el Comité demanda que se fije a escala europea "una definición uniforme de la profesión liberal. Esta definición debería abarcar solo las características generales de la profesión liberal y enumerar las categorías de profesiones liberales".
También recomienda que, "como complemento de las organizaciones nacionales interprofesionales y de la representación europea interprofesional, debería establecerse, para cada profesión liberal, una organización profesional en todos los Estados miembros que elabore, publique y desarrolle principios de deontología profesional, en los países en que esta tarea no haya sido efectuada ya por los colegios profesionales. Dicha organización también debería velar por el cumplimiento de esos principios éticos por parte de los profesionales".
El informe recuerda además que "en la prestación de servicios de profesiones liberales, algunos bienes jurídicos protegidos muy personales suelen estar expuestos a un peligro particular". Por ello, es necesario "regular la profesión y establecer requisitos muy exigentes para poder ejercerla, lo que afecta no solo a la formación y a otras características personales, como por ejemplo, una buena reputación, sino también a la renuncia al ejercicio de actividades incompatibles".
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