La comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, señala que "la libre prestación de servicios es uno de los pilares del mercado único. En algunos miembros siguen existiendo barreras, restricciones a la forma jurídica y la participación en el capital, requisitos en materia de titulaciones o tarifas fijas, que impiden a sociedades y particulares prestar sus servicios libremente en toda la UE".
Los requisitos excesivos en materia de participación en el capital, como la exigencia de que los profesionales deban poseer el 100% de los derechos de voto y del capital en una sociedad o que la sociedad deba tener su sede social en un territorio determinado, pueden dificultar el segundo establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios en los Estados miembros en cuestión.
Las tarifas mínimas obligatorias no son necesarias para garantizar la calidad de los servicios de los prestadores nacionales o extranjeros y privan a los consumidores de unos servicios a precios más competitivos.
Bruselas también solicita que deroguen las tarifas mínimas obligatorias para los procuradores en España y los arquitectos e ingenieros. A la Comunidad Europea también le preocupa la legislación española en virtud de la cual determinadas actividades de los procuradores son incompatibles con las de los abogados.
La carta de emplazamiento es la primera etapa de un procedimiento de infracción y constituye una petición oficial de información. España dispone ahora de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión.
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